Este jueves, en Medellín, Incoder, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, revelarán más detalles sobre las investigaciones que adelantan.
Con la supuesta complicidad de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), presuntos campesinos recibieron entre 2006 y 2011 en Antioquia 26.000 hectáreas de tierras o lotes baldíos que el Estado utiliza dentro de sus programas de reforma agraria. La mayoría de esos predios se encuentran en las localidades de Turbo, San Pedro de Urabá y Zaragoza.
Así lo reveló a El Colombiano la directora del Incoder, Miriam Villegas, quien señaló que el trabajo efectuado en forma conjunta con la Fiscalía y la Policía Judicial ha permitido que el ente acusador les impute cargos a 13 personas, de las cuales 6 ya están con orden de detención y 4 más a punto de ser cobijadas con la misma medida.
Consultada por este diario sobre el perfil de quienes se han apropiado en forma presuntamente ilegal de esas tierras y si dentro de ellos hay mafias o grupos ilegales, la funcionaria manifestó que "hay de todo, menos campesinos". La Fiscalía le ha reportado que entre los beneficiarios ilegales hay contratistas, profesionales, anestesiólogos, entre otros, que ni siquiera ocupan los predios ni desarrollan en las tres cuartas partes del mismo algún proceso productivo o de seguridad alimentaria.
De acuerdo con las revisiones efectuadas por el Incoder, estos ciudadanos dieron falsas declaraciones juramentadas sobre sus patrimonios, la cantidad de bienes que poseían, si tenían más de un predio rural y omitieron la declaración de los colindantes.
¿También están ahí metidos paramilitares y guerrilleros de las Farc?
"Nosotros -dijo la directora del Incoder- hicimos en el Sur del país, en San Vicente del Caguán, una investigación con la Policía y con diferentes organismos del Estado y nos dimos cuenta de que había baldíos indebidamente ocupados por grupos armados. También se da que grupos armados han usurpado tierras del Estado".
¿Y cómo es la situación en el resto del país?
"Esta sucediendo lo mismo. Llevamos 7 departamentos adicionales en los que estamos haciendo la investigación, pero créame que lo vamos a hacer en todo el país, porque nos hemos dado cuenta de que en el resto del país pasa lo mismo. Es muy doloroso para nosotros ver que las tierras que deberían estar en manos del campesinado, se le está dando a gente que realmente no clasifica. Estamos recuperando estas tierras y haciendo un restablecimiento del derecho. No volvemos a permitir que se vuelva a adjudicar un centimetro más de tierra de manera ilegal, o a quienes no tienen derecho a recibirla".
Con la supuesta complicidad de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), presuntos campesinos recibieron entre 2006 y 2011 en Antioquia 26.000 hectáreas de tierras o lotes baldíos que el Estado utiliza dentro de sus programas de reforma agraria. La mayoría de esos predios se encuentran en las localidades de Turbo, San Pedro de Urabá y Zaragoza.
Así lo reveló a El Colombiano la directora del Incoder, Miriam Villegas, quien señaló que el trabajo efectuado en forma conjunta con la Fiscalía y la Policía Judicial ha permitido que el ente acusador les impute cargos a 13 personas, de las cuales 6 ya están con orden de detención y 4 más a punto de ser cobijadas con la misma medida.
Consultada por este diario sobre el perfil de quienes se han apropiado en forma presuntamente ilegal de esas tierras y si dentro de ellos hay mafias o grupos ilegales, la funcionaria manifestó que "hay de todo, menos campesinos". La Fiscalía le ha reportado que entre los beneficiarios ilegales hay contratistas, profesionales, anestesiólogos, entre otros, que ni siquiera ocupan los predios ni desarrollan en las tres cuartas partes del mismo algún proceso productivo o de seguridad alimentaria.
De acuerdo con las revisiones efectuadas por el Incoder, estos ciudadanos dieron falsas declaraciones juramentadas sobre sus patrimonios, la cantidad de bienes que poseían, si tenían más de un predio rural y omitieron la declaración de los colindantes.
¿También están ahí metidos paramilitares y guerrilleros de las Farc?
"Nosotros -dijo la directora del Incoder- hicimos en el Sur del país, en San Vicente del Caguán, una investigación con la Policía y con diferentes organismos del Estado y nos dimos cuenta de que había baldíos indebidamente ocupados por grupos armados. También se da que grupos armados han usurpado tierras del Estado".
¿Y cómo es la situación en el resto del país?
"Esta sucediendo lo mismo. Llevamos 7 departamentos adicionales en los que estamos haciendo la investigación, pero créame que lo vamos a hacer en todo el país, porque nos hemos dado cuenta de que en el resto del país pasa lo mismo. Es muy doloroso para nosotros ver que las tierras que deberían estar en manos del campesinado, se le está dando a gente que realmente no clasifica. Estamos recuperando estas tierras y haciendo un restablecimiento del derecho. No volvemos a permitir que se vuelva a adjudicar un centimetro más de tierra de manera ilegal, o a quienes no tienen derecho a recibirla".