El Ministerio Público concluyó la etapa de recolección de pruebas. El caso surgió por la concesión para la explotación de una cantera.
Aún no hay decisiones en la Procuraduría General de la Nación sobre la investigación que se adelanta al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por haber otorgado un contrato de concesión minera al esposo de su secretaria de Participación y Desarrollo Social, Beatriz White Correa.
El ministerio público analiza si hay méritos para formular pliego de cargos o archiva la investigación en contra de Fajardo, la secretaria de Minas, Claudia Cecilia Cadavid, y la directora de Titulación de Minas, Melissa Álvarez Licona, por entregar el contrato 5967 del Registro Nacional Minero a Manuel Antonio Mesa, esposo de la Secretaria de Participación del departamento.
La concesión, firmada el 26 de julio de 2012, comprende la explotación de una cantera para la extracción de arena y grava en Santa Rosa de Osos durante los próximos 30 años.
Voceros de la Procuraduría confirmaron que en la primera semana de abril terminó la etapa de recolección de pruebas. El proceso avanza, pero todavía no hay decisión al respecto.
Medios de comunicación de la capital de la República señalaron la posible suspensión del gobernador Fajardo por el caso.
Sin embargo, servidores de la Gobernación de Antioquia subrayaron que no han sido informados de alguna novedad en la investigación.
"Es legítimo que revisen los contratos que hacemos en la Gobernación. No es ningún problema para nosotros que nos vigilen", señaló Fajardo a este diario en noviembre de 2012. "No tengo la menor duda de que hice lo correcto".
Explicó que Mesa empezó el proceso de legalización de su mina en 2003 y él cumplió con otorgar el contrato ante el lleno de los requisitos legales.
"Hizo todo lo que la ley le exigió, su contrato pasó los exámenes, terminó todos los trámites en 2011, en la administración anterior", señaló.
"Creo que son más las especulaciones que se vienen tejiendo en torno a ese tema", señaló el presidente de la asamblea departamental, Jaime Alonso Cano, para quien no debe haber una decisión apresurada y el Gobernador tiene derecho a ejercer su defensa.
La investigación no es la única que la Procuraduría adelanta a Fajardo. El exgobernador Luis Alfredo Ramos lo denunció por algunas afirmaciones del Libro Blanco, en el que Fajardo señala presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante la administración de su antecesor.