En su visita a la cárcel, el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, dijo que reportará la situación al Ministerio de Salud. Familiares denuncian extorsiones.
"El compromiso es que el defensor del Pueblo lleve este mensaje al Gobierno Nacional, pues nos visitó la ministra de Justicia y no he visto los resultados necesarios. Estoy seguro de que con él, el Gobierno escuchará nuestro llamado".
Así se expresó ayer el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, en la visita que efectuó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a la cárcel nacional Bellavista, para verificar las condiciones del penal en temas como hacinamiento, salud y alimentación.
De acuerdo con la Personería, en 2012 fallecieron 17 internos de Bellavista, por muerte natural. Carlos Contreras, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, defensora de los derechos de los presos, confirmó la cifra y agregó que también murieron tres reclusos de El Pedregal y dos de El Pesebre, en Puerto Triunfo. Añadió que el pasado domingo murió en un centro asistencial un preso del patio cuarto de Bellavista, que no alcanzaba los 40 años.
Además, este establecimiento tiene capacidad para albergar a 2.424 internos, pero tiene 7.474, lo que significa un hacinamiento del 208 por ciento, uno de los más altos del país, junto al de La Modelo (Bogotá).
El Defensor destacó este asunto como uno de los más preocupantes. "El hacinamiento nacional supera el 50 por ciento; es uno de los problemas más graves del Estado", apuntó.
Dijo que la situación de salud "es gravísima, pues con la única entidad que presta el servicio, que es Caprecom, hay un problema de recursos no solo económicos sino humanos". Sin embargo, aseguró que en Bellavista no halló una emergencia sanitaria.
"El servicio que se presta no es bueno ni aquí ni en ningún centro carcelario, pero con los escasos recursos económicos, humanos y profesionales, tratan de asistir los casos más urgentes. Al Ministerio de Salud le entregaremos un informe sobre lo que encontramos", anotó y afirmó que hay algunas investigaciones internas y de organismos de control, para determinar responsabilidades en algunas muertes del año pasado.
Al respecto, Diana Carmenza Rúa Betancur, directora regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), consideró que el mayor avance en este sentido fue la expedición de un decreto por parte del Gobierno Nacional, el pasado diciembre, que autoriza la participación de más entidades promotoras de salud (EPS) en la prestación del servicio en las cárceles, pues hasta el momento Caprecom es la única que cumple esta labor.
El decreto empieza a regir en junio. Por ahora, la funcionaria anunció que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Ministerio de Justicia abrirá una licitación para determinar cuáles EPS atenderán a los cerca de 11.800 reclusos de Bellavista, El Pedregal, Itagüí y El Pesebre.
Mientras tanto, "vamos a vigilar que Caprecom sí ofrezca los medicamentos, como se comprometió con el defensor del Pueblo; que cuente con los profesionales necesarios, que las remisiones médicas sean oportunas y que se adelanten programas de promoción y prevención", expresó.
PARA SABER MÁS
AUTORIDADES COMBATEN LA EXTORSIÓN
Afuera de Bellavista, familiares de reclusos denunciaron que hay internos que les cobran hasta 100.000 pesos semanales a otros por un lugar para dormir o por dejarlos ir a una cita médica. Sobre esto, Diana Rúa, directora regional del Inpec, respondió que con la Policía vienen trabajando para combatir la que denominó "microextorsión", y que, gracias a investigaciones, han trasladado muchos de los llamados caciques de patios. La funcionaria señaló que el pasado fin de semana trasladaron "perfiles delincuenciales importantes, que pueden incidir en la alteración del orden público en los establecimientos y que financian con ello organizaciones delincuenciales externas".
¿QUÉ SIGUE?
LAS ALTERNATIVAS PARA DESCONGESTIONAR
Para descongestionar cárceles como Bellavista, desde el Gobierno se piensa en reformas al sistema penal y al Código Penitenciario. En este establecimiento, Diana Rúa, del Inpec, indicó que con la Judicatura hacen convenios para alcanzar libertad condicional de algunos presos y darles beneficios, como brazaletes electrónicos. También hay alianzas con cárceles municipales para enviar internos a los que les faltan dos años de condena. "En 2012, en Bellavista, logramos la libertad de 2.474 personas", apuntó, pero añadió que los ingresos fueron similares, lo que dificulta la descongestión.
COLOMBIAN HEADLINES
ANTIOQUIA HOPES MESSAGE GETS ACROSS
Medellín's ombudsman, Rodrigo Ardila, said he trusts that the Defender of the People, Jorge Armando Otálora, who visited the Bellavista Prison, will effectively relay a message to the National Government. "Through him I am certain the Government will hear us," Ardila said, "because the Justice Minister visited and I haven't seen the necessary results." Ardila was referring to situations in prisons like Bellavista, El Pedregal and El Pesebre, where overcrowding, poor healthcare and inadequate nutrition are serious concerns and, in Bellavista alone, caused 17 deaths in 2012.
EN DEFINITIVA
El hacinamiento y la atención en salud son los principales problemas de la cárcel Bellavista. El defensor del Pueblo la visitó y se comprometió a informarle la situación al Ministerio de Salud.