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Guillermo Gaviria apeló medida de aseguramiento

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En un duro pronuciamiento el empresario Guillermo Gaviria Echeverri, padre del alcalde Aníbal Gaviria, apeló la decisión de la fiscal 52, de dictarle, nuevamente, medida de aseguramiento con detención domiciliaria, por el proceso que se le sigue por la presunta financiación de grupos paramilitares en Urabá.

"Es profundamente doloroso para mí y para mi familia el verme en esta situación. Pero más doloroso es evidenciar las reiteradas manifestaciones de una Justicia sometida a las presiones de los criminales", dijo Gaviria Echeverri en un reciente comunicado de ocho puntos.

El reconocido empresario también cuestionó al desmovilizado jefe de las autodefensas, Hasbún Mendoza, alias "Pedro Bonito", de quien dijo que "extorsionó a la empresa bananera que tengo en Urabá, y por ello me vi obligado a pagar, durante dos años y medio, un total de 15 millones 300 mil pesos, como lo he reconocido a la opinión pública".

A su vez, Gaviria Echeverri indicó que su caso fue puesto en conocimiento por la fundación Defensa de Inocentes, de Sigifredo López, que asumió su defensa.

La decisión
La Fiscalía 52 le dictó este lunes medida de aseguramiento con detención domiciliaria a Guillermo Gaviria Echeverri, padre del alcalde Aníbal Gaviria, luego de subsanar los errores de su justificación en una medida que había sido revocada en mayo.

La medida de aseguramiento en contra del empresario de 87 años, viene desde abril de 2012, cuando un juez especializado le había dictado medida de aseguramiento y le había concedido la detención domiciliaria.

La defensa había apelado y un mes después un fiscal delegado ante el Tribunal Superior le revocó la medida de aseguramiento por considerar que la Fiscalía no había justificado en forma la necesidad de un encarcelamiento.

La Fiscalía 52 que fue la que tomó la decisión en primera instancia subsanó el error, justificó el porque era necesario la medida y le dictó medida de aseguramiento.

El padre del actual alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, es investigado por presunta financiación de grupos paramilitares en Urabá.


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