ENTRE USUARIOS Y entidades implicadas en la supresión de diligencias que propone el decreto ley antitrámites abundan las preguntas, pero las certezas solo vendrán con la reglamentación detallada de la norma.
Si son cientos las diligencias inoficiosas que pretende eliminar el Gobierno Nacional con la expedición del decreto ley antitrámites, son muchas más las dudas surgidas por cada trámite que toca la norma que acabaría con el tiempo perdido en una fila, los tramitadores, los costos, las incomodidades en procura de un papel.
Pese a que la sanción del decreto ley se difundió desde este martes, los usuarios y funcionarios encargados de los servicios que ahora son parte de la controversia han sido los últimos en enterarse de los efectos prácticos de aquella promesa de libertad ante tantos trámites tan engorrosos como poco útiles.
Conocido el decreto, lo cierto es que la mayoría de los cambios anunciados tendrán que esperar a la reglamentación, un terreno donde el propósito del gobierno podría diluirse. Por lo pronto, pocos son los efectos prácticos.
El Rut sigue igual
Mientras espera en la fila para inscribirse al Registro Único Tributario, una joven que ahora requiere el trámite anhela el día en que este pueda realizarse por internet, desde la comodidad de su casa. "Se ahorraría mucho tiempo, pero ya qué le voy a hacer", se lamentó.
Otra fue, en cambio la opinión de una compañera que espera turno tras ella:
"A mí me daría mucha rabia si mañana se puede hacer por internet, porque a mí ya me ha tocado venir tres veces", dijo, y explicó que en la primera oportunidad no llevaba su cédula y en la segunda, la cuenta de servicios de Une le fue rechazada porque, según dijo, era la de EPM.
En notarías espantan
A pesar de la normalidad con que se prestaba el servicio en la Notaría 23, en el Centro, otro era el panorama en un día que debía ser de gran afluencia por el comienzo de la actividad en los juzgados, en receso desde el fin de año.
Entre los contados usuarios que se acercaron ayer a realizar diligencias, uno que prefirió mantener su nombre en reserva fue escéptico ante la supresión de trámites.
"Sería muy bueno, si se cumple, porque en la empresa donde trabajo, realmente me piden documentos que no tendrían por qué exigir".
Por su parte, Beatriz Eugenia Vélez, quien necesitaba autenticar documentos para el cobro de un seguro, señaló que la nueva norma es "excelente, lo mejor que pudieron hacer con tantos trámites".
Desinformación en el DAS
Quienes no estuvieron para nada contentos con los cambios fueron los tramitadores agrupados cerca de la sede del DAS, en Belén.
"Tendremos que buscar otros trámites; porque nosotros lo que hacemos es facilitarle a la gente sus vueltas", afirmó uno de ellos.
Tampoco estuvieron conformes, las personas que durante la mañana llegaron al lugar, con citas asignadas con anterioridad para la expedición del pasado judicial y tuvieron que devolverse sin el documento.
Fue el caso de una empleada del gremio de la salud, quien vino desde La Ceja, acompañando a su hijo, requiriendo el documento "para buscar empleo". Contrariada por el aviso de que el trámite quedó abolido, lamentó el tiempo perdido, los costos de pasajes y haber tenido que pedir permiso en su trabajo.
Contexto
No es el primer intento antitrámites
A pesar de su anuncio con bombos y platillos, y de la amplia cobertura mediática, no es la primera norma antitrámites que se expide. En 1995 entró en vigor el Decreto ley 2150, que desde su artículo 1° ya eliminaba la exigencia de documentos autenticados, y en el artículo 10 prohibía las declaraciones extrajuicio, salvo para trámites de seguridad social. Este mismo decreto prohibía pedir documentos que ya la entidad pública tuviera en su poder, así como exigir documentos previamente acreditados.
En 2005, el Gobierno Uribe sancionó la Ley 962, del 8 de julio, en la cual se eliminaban más trámites y se intentaba racionalizar la actividad administrativa. El discurso en ese entonces, al igual que el del presidente Samper en 1995, fue básicamente idéntico al del actual gobernante, para referirse a que el Estado debe facilitar las cosas a la gente.
Las normas jurídicas están ahí para su exigencia por parte del ciudadano. La burocracia oficial no es amiga de eliminar trámites, pues ese es su insumo de trabajo para justificar su ubicación en nómina. Por eso, los particulares deben conocer sus derechos ante la administración pública, reclamarlos y hacerlos valer.
Las entidades todavía no asimilan los cambios
Autenticación sigue mientras no haya claridad
La notaria 23 de Medellín, Amanda de Jesús Henao Rodríguez, reveló que gran parte de la jornada de ayer la pasó "resolviendo inquietudes" de los ciudadanos luego de que se conociera la noticia de la supresión de trámites.
La pregunta más frecuente, según afirmó, fue la de si tienen o no que autenticar sus documentos. La notaria explicó cada vez que todavía no conoce el decreto y por eso las autenticaciones se han seguido realizando como de costumbre.
La Dian continúa expidiendo el RUT
El Registro Único Tributario (RUT), que entrega la Dian para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, ayer todavía se tramitaba, pese a su mención en la lista de las diligencias que harán parte del pasado. La Dian habilitará a partir del segundo semestre del año una aplicación en su portal de internet para las inscripciones y renovaciones del documento, según confirmó Juan Orlando Castañeda, subdirector de Asistencia al Cliente de la entidad.
Revisión técnico mecánica a los seis años
Otro de los trámites que se afectaría con la nueva norma es el de la revisión técnico mecánica de automotores, que se empezaría a practicar luego de seis años de la compra de los vehículos nuevos y no a partir de los dos años, como en la actualidad. Aunque interesados en el tema, los centros de diagnóstico automotriz aún no saben a partir de cuándo rige la nueva normatividad y si esta se aplicará de manera retroactiva a los modelos comprendidos entre el 2011 y el 2007.